Las fuentes judiciales, fragmentos de vida y la sociedad al sur del río Salado

Melina Yangilevich

(IEHS-IGEHCS-CONICET/UNICEN)

La colección que aquí se presenta reúne un conjunto de expedientes criminales pertenecientes al Departamento Judicial del Sud, creado en 1853, cuya cabecera estaba en el pueblo de Dolores, al sur del río Salado. Tres años después, se sumó una nueva jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. De este modo, al del Sud se sumaron los departamentos del Norte –con cabecera en San Nicolás- y el del Centro –en Mercedes. El proyecto fue presentado por Valentín Alsina, quien oficiaba como diputado y presidente de la Cámara de Justicia del Estado de Buenos Aires. La organización de la justicia letrada o de Primera Instancia en el espacio de la campaña retomó la iniciada durante la Feliz Experiencia y rápidamente abandonada.[1] Aunque fue objeto de debate, se decidió establecer solo la instancia criminal dado que era necesario hacer sentir en la campaña la acción de la autoridad. Más allá de su condición de letrada, la titulación de abogado fue exigible solo al juez, el resto de los agentes judiciales –defensores y fiscales- aunque conocedores de nociones de derecho eran legos. Tanto en la década de 1820 como en la de 1850 la campaña bonaerense no era considerada un espacio atractivo para el desempeño profesional.

Al recorrer los expedientes aquí disponibles es posible encontrar características semejantes y otras divergentes respecto de los procedimientos judiciales seguidos en el presente. Una faceta relevante es el del vocabulario jurídico que fue modificado durante el siglo XIX. En la actualidad, los procesos judiciales de este tenor son objeto de materia penal mientras que el término criminal fue el utilizado entonces. Esta calificación no resulta casual dado que existía un vínculo entre la noción de crimen y pecado, que aunque en retroceso, marcaba la cercanía existente en el ideario de la época. El vínculo entre las prácticas judiciales y el catolicismo se ancló en un lenguaje compartido y unas prácticas conexas en torno a la indagación. Las referencias a los conceptos, que al mismo tiempo eran actos, como confesión y juramento, y que pueden encontrarse con frecuencia en los procesos judiciales, constituyen una muestra de ello.[2]

Quizás la utilidad más evidente de las fuentes judiciales sea la de contar la historia sobre la conformación de esa instancia, los modos en que se administraba justicia, cuáles eran las prácticas de los jueces, cuáles eran las relaciones entre los distintos agentes judiciales. Y en un sentido, más amplio de qué manera el entramado judicial fue funcional a la construcción estatal. Al mismo tiempo, los procesos permiten indagar acerca de los recursos que utilizaban los fiscales para argumentar las acusaciones o, en menor medida, solicitar un sobreseimiento, cuáles eran las estrategias de los defensores para aliviar las posibles sentencias a sus defendidos, quiénes y cómo actuaban como testigos, cuáles eran las declaraciones de las víctimas en la medida que lograban verbalizar los ataques sufridos. Si las referencias son masculinas es porque en una abrumadora mayoría los procesos fueron protagonizados por hombres. Lo eran quienes administraban justicia y buena parte de los acusados. Sin embargo, la presencia de las mujeres no puede ser soslayada. Aun cuando estas fueron consideradas en la normativa como menores jurídicas -junto con quienes pertenecían a las parcialidades indígenas, las personas afroamericanas y los menores de edad- tuvieron una activa participación, al tiempo que eran escuchadas y sus testimonios considerados válidos, aunque no necesariamente veraces.

Sin embargo, allí no se agota la riqueza de las fuentes judiciales, que poseen potencialidad para indagar una multiplicidad de problemas. Y esto resulta posible debido a la diversidad de personas con adscripciones sociales y económicas divergentes que participaron en cada expediente. Más específicamente, la información contenida en los procesos judiciales aquí disponibles habilitan la formulación de interrogantes sobre la red de vínculos y prácticas sociales que exceden el ámbito de lo judicial. A partir de las causas iniciadas por muertes violentas, golpes, atropellos, la fuga de la cárcel, la apropiación indebida de dinero y el robo de ganado resulta factible reconstruir distintos rasgos de hombres y mujeres que habitaron la campaña bonaerense a mediados del siglo XIX. La lectura de estas fojas habilita interrogantes sobre la vida cotidiana de los presos que transcurría en espacios de encierro en ruinas y con múltiples carencias así como las ansias de libertad de quienes prefirieron convertirse en fugitivos. Al mismo tiempo, describen las condiciones en las que ciertos extranjeros con capitales culturales, sociales y económicos diversos se insertaron en ámbitos de trabajo y sociabilidad así como las dificultades y los malos entendidos por el desconocimiento del idioma. También, permiten conocer las nociones existentes sobre la propiedad privada que, con dificultades buscaban consolidarse en el ámbito rural así como los vínculos de pareja y las reacciones desplegadas frente a masculinidades heridas por supuestos abandonos. Detrás de una acusación de abigeato -de las más usuales en la época- se asoman las parcialidades indígenas asentadas en el territorio provincial y la articulación existente con los comandantes de frontera para controlar ese espacio de manera conjunta.

Este listado acotado no agota las posibilidades que se abren cuando se indaga en los procesos judiciales, como los aquí incluidos. En la urdimbre de la escritura donde prima un léxico judicial que tamiza lo dicho y lo traduce –aunque no siempre- es posible reconstruir, sino la voz de estas personas, al menos sí sus conflictos. En muchos casos, esas palabras constituyen el único fragmento que perdura de su vida. Ese momento álgido que estos procesos judiciales contribuyen a iluminar.[3]

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